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A Esperanza Aguirre, presidenta regional, no le gustó la fotografía que Tomás Gómez (PSM), su principal rival político, le mostró durante el debate televisivo celebrado durante las pasadas elecciones. Era una imagen de una oficina del Servicio Regional de Empleo, dependiente de la Comunidad de Madrid. El dirigente socialista le reprochaba que solo se gastaba la mitad del dinero que el Estado le entregaba para este organismo regional que se encarga de las políticas activas de empleo. Ahora la presidenta madrileña elimina sin previo aviso este ente y traspasa sus competencias a la Consejería de Educación y Empleo. El organismo cuenta con un presupuesto de 460 millones de euros, que ahora gestionará la consejería de forma más opaca porque ya no participarán los agentes sociales en su administración.
La medida ha cogido por sorpresa a sindicatos (UGT y CC OO) y partidos de la oposición. La Comunidad de Madrid aprobó casi en secreto la supresión del Servicio Regional de Empleo el pasado jueves. No lo anunció junto al resto de medidas. Y ayer por la tarde lo publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). "Nos ha pillado de sopetón. Nos hemos enterado por el boletín. Ni siquiera han guardado las formas. Soy miembro del Consejo de Administración y no me han avisado", protesta Nuria Albert, la representante de UGT en el Consejo del Servicio Regional de Empleo, quien prosigue: "Ni siquiera han tenido la decencia de avisarnos. Creemos que ha sido una torpeza". Su homólogo en CC OO, José Manuel Feito, afirma: "Creemos que el objetivo de esta decisión es privatizarlo". El Servicio Regional de Empleo cuenta con unos 800 trabajadores que se encargan de gestionar las 48 oficinas de empleo y formación de la región.
Este organismo regional fue creado en 2001 como consecuencia de una ley aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en la Asamblea de Madrid. De esta forma, la región asumía las competencias sobre las políticas activas de empleo del antiguo Inem estatal.
El artículo 5 de la Ley 5/2001 de Creación del Servicio Regional de Empleo establece que para la extinción del órgano será necesario que lo apruebe el Consejo de Administración y que lo apruebe la Asamblea de Madrid. Ninguno de estos requisitos se ha cumplido. Los representantes de UGT y CC OO tienen dudas de que la Comunidad de Madrid haya actuado correctamente porque lo aprueba mediante decreto.
Un portavoz de la Consejería de Educación y Empleo, donde han sido transferidas las competencias del organismo autónomo, asegura que el Consejo de Gobierno de Madrid tiene competencias para tomar esta decisión. "No se pierde ninguna de las funciones", insiste. "Solo se traspasa a dos direcciones generales -la de Empleo y la de Formación- dependientes de la consejería", zanja.
Los sindicatos alertan de que el problema es que desaparece el principal órgano de política regional en el que intervienen los agentes sociales, ya que estaban representados en el consejo de administración del Servicio Regional de Empleo. "En principio deberían seguir desarrollando las políticas de empleo porque la Comunidad recibe fondos del Estado para ello", precisa Albert.
"Este órgano fue creado mediante un acuerdo de los agentes sociales. Fue fruto del diálogo social y contó con el visto bueno de todos los grupos políticos. Ahora Aguirre se lo carga de un plumazo", critica la portavoz adjunta del grupo socialista en la cámara regional, Maru Menéndez. "El Servicio Regional de Empleo tiene un Consejo de Administración en el que están representados sindicatos y empresarios. Ahora se rompe la participación social", añade Menéndez. "Es una grave irresponsabilidad que pone de manifiesto la actitud del PP. Esta decisión muestra que el PP tiene un programa oculto. No han hablado de esto durante la campaña electoral que acaba de terminar", agrega la dirigente socialista.
El representante de Comisiones Obreras en el consejo señala que han troceado el Servicio Regional de Empleo. "Han repartido sus competencias en varias direcciones generales dependientes de la consejería de Educación. No han fusionado Empleo, la han absorbido", se lamenta José Manuel Feito. "Es muy importante, en Madrid tenemos más de medio millón de desempleados que necesitan los servicios de este organismo", apunta. "Es un objetivo primordial, pero parece que no les importa", zanja.
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